¿Le gustaria a usted o que un familiar suyo pase más tiempo en prisión del que le corresponde por una decisión política que vulnera las leyes fundamentales del Estado? Es ésta y no otra la pregunta que debemos hacernos para razonar la sentencia sobre la doctrina Parot.
El Tribunal de los Derechos Humanos de Estrasburgo ha sentenciado y condenado a nuestro país por vulnerar los Derechos Humanos (DDHH). Esto que podría sonar a película esperpentica resulta que es real y viene de pretender legislar y enjuiciar al calor de las corrientes de opinión y los intereses partidistas de los políticos.
Para ponernos en antecedentes. La llamada "Doctrina Parot", que es lo que el Trinal de DDHH ha declarado nula (en un caso, pero sentando precedente), no es más que una manera de computar los beneficios penitenciarios sobre el total de la pena y no sobre los años máximos de prisión, lo que suponía que personas condenadas a cientos de años de cárcel no salieran de prisión hasta que no hubiesen cumplido esos veinte años, no como se hacía antaño cuando se aplicaban los beneficios penitenciarios -en vigor en el momento de condena en las leyes penitenciarias y de enjuiciamiento criminal- sobre esos 20 años que como máximo debían pasar en la cárcel. El problema jurídico se presenta cuando el Tribunal Supremo en un alarde de prepotencia y excediendo claramente sus competencias modificaba el criterio para cuantificar el beneficio de las penas, que en este caso es claramente perjudicial para los presos.
Es a partir de entonces cuando los fiscales instan a los jueces a modificar las condenas de muchos presos, especialmente los condenados por terrorismo, todo ello al calor de la demagogia que emanaba de la televisión y de determinados círculos periodísticos y políticos que en absoluto admitían las argumentaciones legales que unos pocos esgrimian para señalar la atrocidad que eso suponía y que tarde o temprano nos encontraríamos con esta sentencia.
La Constitución Española en su artículo 9 señala el principio de irretroactividad de las leyes, es decir, que las leyes y demás normas del Estado, las CCAA, etc. no pueden ser aplicadas hacia el pasado. Poniendo un ejemplo, cuando una ley entra en vigor, por regla general regula sus materias desde el día de entrada en vigor hacia el futuro, nunca lo que se reguló con la ley anterior será modificado. Todo esto conlleva una excepción y es que en determinados casos si esa modificación legal conlleva un importante beneficio para la sociedad puede ser retroactiva pero siempre que beneficie, jamás si perjudica.
La "Doctrina Parot" claramente es lesiva para los condenados ya que en el momento de ser sentenciados existia una norma, con la que podemos estar o no de acuerdo, pero es la que es y como en todo Estado de Derecho que se precie debemos respetar. De hecho, muchos condenados ya deberían haber cumplido su pena hace años y en cambio han seguido en la cárcel al amparo de una decisión sin precedentes y claramente política.
Desgraciadamente, decir que esto era lo esperado, que no queda otro remedio que reparar el daño causado a quienes han seguido en prisión, se nos tachará de Proetarras, de no estar con las víctimas, etc. NADA MÁS LEJOS DE LA REALIDAD. Simplemente hay que poner el foco en el error y no en la demagogia ideológica. Esta sentencia viene de saltarse la Constitución a la torera, esa misma Constitución que para otras cosas algunos abrazan hasta en sus sueños más profundos.
Tal vez es hora de que en España empecemos a llamar a cada cosa por su nombre, a dejarnos de legislar al calor de impulsos a golpe de "prime time" televisivo y nos centremos en ser un país serio, tal vez así en el concierto internacional seamos tomados en serio.
Esta sentencia no es culpa de ningún gobierno, ni de ningún iluminado, es culpa de creernos por encima de nuestras propias normas y querer saltar por encima de ellas cuando es menester. Lamentablemente veremos titulares apocalípticos sobre el tema, pero aquellos condenados a los que se les aplicó esta doctrina están en su derecho de salir a la calle porque por aquello que fueron condenados a penas de prisión ya las han cumplido.
Por último, indicar que esta sentencia en ningún caso es un ataque a las víctimas ya que para ello ya hubo unos juicios y unas condenas.
lunes, 21 de octubre de 2013
viernes, 18 de octubre de 2013
Por el derecho a la libre información
Esta entrada sirve únicamente para dar mi apoyo a Xuan Cándano, periodista de RTVE a quien UGT intenta dañar su imagen a raiz de un artículo publicado en la revista que el citado dirige: Atlantica XXII. Por ello copio aquí la carta elaborada por la Asociación de la prensa de Oviedo:
Comunicado de la Asociación de la Prensa de Oviedo relativo a la situación del periodista José Manuel Fernández Suárez, "Xuan Cándano", profesional de Televisión Española en Asturias.
La Asociación de la Prensa de Oviedo, que agrupa a más de 350 profesionales asturianos, expresa su rechazo al expediente disciplinario abierto por la dirección de RTVE, a instancia de la sección sindical de la UGT en el centro territorial de Asturias, al periodista Juan Manuel Fernández Suárez (Xuan Cándano), motivado supuestamente por el hecho de figurar como apoderado de una empresa, Bocamar Producciones, que no tiene actividad industrial alguna desde hace diecisiete años.
La denuncia de la UGT y la apertura del expediente coinciden, sospechosamente, con la publicación en el último número de la revista Atlántica XXII, de la que Cándano es director, de un reportaje de investigación sobre las actividades empresariales del sindicato socialista en Asturias titulado “UGT-Asturias: Negocios, mentiras y cintas de audio”. Dicho reportaje es destacado en la portada de la revista con el título “UGT S. A. Un sindicato empresarial”.
A juicio de la Asociación, cabe pensar en la existencia de una relación directa entre la citada información y la denuncia de la UGT en RTVE-Asturias en la medida en que tiene aún menos sentido atribuirla – falsamente, como se ha demostrado - a una inexistente incompatibilidad. Por otro lado, resultaría llamativo, además de insólito, que la UGT se dedicase ahora a hostilizar a los trabajadores en vez de defender y promover sus derechos, como se espera de un sindicato.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Asociación de la Prensa considera que, basándose en acusaciones infundadas, la UGT, a través de su sección sindical en la televisión pública, ha hecho un uso torticero de sus prerrogativas sindicales para amedrentar, cuando no escarmentar, a un periodista de trayectoria intachable cuyo pecado ha sido ejercer su derecho a la libertad de información. Y recomienda a la dirección de RTVE que no se deje utilizar e indague directamente tanto los fundamentos de la denuncia como los intereses espurios de la UGT al plantearla.
Igualmente, exigimos a la UGT de Asturias y a la ejecutiva de la sección estatal en RTVE un pronunciamiento claro sobre la sorprendente actuación de su sección en la delegación del Principado, cuyo acoso a Xuan Cándano podría desembocar incluso en su despido si la empresa cae en la trampa de sus falacias. A este respecto, la APO quiere denunciar la absoluta indefensión del periodista, ya que si bien el procedimiento sancionador prevé consultar al comité de empresa como garantía de que se respetarán sus derechos laborales, en este caso el procedimiento está viciado al tener la UGT la mayoría en dicho comité.
La Asociación de la Prensa de Oviedo pondrá a disposición del periodista todos los medios de los que dispone para la defensa de sus intereses profesionales y laborales y de la libertad de expresión.
Oviedo, 18 de octubre de 2013
José Antonio Bron
Presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo
Comunicado de la Asociación de la Prensa de Oviedo relativo a la situación del periodista José Manuel Fernández Suárez, "Xuan Cándano", profesional de Televisión Española en Asturias.
La Asociación de la Prensa de Oviedo, que agrupa a más de 350 profesionales asturianos, expresa su rechazo al expediente disciplinario abierto por la dirección de RTVE, a instancia de la sección sindical de la UGT en el centro territorial de Asturias, al periodista Juan Manuel Fernández Suárez (Xuan Cándano), motivado supuestamente por el hecho de figurar como apoderado de una empresa, Bocamar Producciones, que no tiene actividad industrial alguna desde hace diecisiete años.
La denuncia de la UGT y la apertura del expediente coinciden, sospechosamente, con la publicación en el último número de la revista Atlántica XXII, de la que Cándano es director, de un reportaje de investigación sobre las actividades empresariales del sindicato socialista en Asturias titulado “UGT-Asturias: Negocios, mentiras y cintas de audio”. Dicho reportaje es destacado en la portada de la revista con el título “UGT S. A. Un sindicato empresarial”.
A juicio de la Asociación, cabe pensar en la existencia de una relación directa entre la citada información y la denuncia de la UGT en RTVE-Asturias en la medida en que tiene aún menos sentido atribuirla – falsamente, como se ha demostrado - a una inexistente incompatibilidad. Por otro lado, resultaría llamativo, además de insólito, que la UGT se dedicase ahora a hostilizar a los trabajadores en vez de defender y promover sus derechos, como se espera de un sindicato.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Asociación de la Prensa considera que, basándose en acusaciones infundadas, la UGT, a través de su sección sindical en la televisión pública, ha hecho un uso torticero de sus prerrogativas sindicales para amedrentar, cuando no escarmentar, a un periodista de trayectoria intachable cuyo pecado ha sido ejercer su derecho a la libertad de información. Y recomienda a la dirección de RTVE que no se deje utilizar e indague directamente tanto los fundamentos de la denuncia como los intereses espurios de la UGT al plantearla.
Igualmente, exigimos a la UGT de Asturias y a la ejecutiva de la sección estatal en RTVE un pronunciamiento claro sobre la sorprendente actuación de su sección en la delegación del Principado, cuyo acoso a Xuan Cándano podría desembocar incluso en su despido si la empresa cae en la trampa de sus falacias. A este respecto, la APO quiere denunciar la absoluta indefensión del periodista, ya que si bien el procedimiento sancionador prevé consultar al comité de empresa como garantía de que se respetarán sus derechos laborales, en este caso el procedimiento está viciado al tener la UGT la mayoría en dicho comité.
La Asociación de la Prensa de Oviedo pondrá a disposición del periodista todos los medios de los que dispone para la defensa de sus intereses profesionales y laborales y de la libertad de expresión.
Oviedo, 18 de octubre de 2013
José Antonio Bron
Presidente de la Asociación de la Prensa de Oviedo
domingo, 13 de octubre de 2013
Leyes a la carta y política deportiva
Hace años una modificación de las leyes tributarias permitia a los equipos deportivos, entre otros sectores, contratar a extranjeros que tributarían un 24% en vez de un 48% como lo hacen los españoles. Esto provocó una llegada ingente de deportistas extranjeros a nuestros deportes (futbol, baloncesto,...) en cambio en otros sectores apenas tuvo incidencia... Los efectos fueron nefastos ya que en parte las grandes deudas de los clubes deportivos profesionales se generaron en esta época.
Ahora se pretende permitir la nacionalización "express" de deportistas para que puedan jugar con las selecciones españolas. Todo ello saltandose los plazos para el resto de ciudadanos que deberán esperar entre 2 a 5 años para obtener la nacionalidad española.
Merece la pena generar ciudadanos de primera y de segunda por un puñado de medallas cuando en muchos de los deportes somos punteros, las canteras estan funcionando en muchos casos donde somos campeones de Europa y del Mundo (Futbol, Baloncesto, Balonmano...) ya sea en chicos o chicas.
Con mis respetos a esos deportistas que desean vestir la camiseta de España...En muchos casos si no tienen el nivel para vestir la de su pais, tiene sentido que se hagan leyes a la carta para que vistan la nuestra frenando la progresión de otros.
Conste que mi crítica va hacia la modificación para beneficiar a determinados sectores, no con que extranjeros vistan la camiseta de España siempre que obtengan su nacionalidad de la misma forma que un cocinero, un ingeniero, etc.
Esto me lleva a considerar además que en España la política deportiva es lo mismo que un barco a la deriva, sin capitan ni rumbo -luego pretendemos organizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos- donde se legisla al antojo de las élites deportivas, donde el dopaje se sanciona en función de quien sea el dopado, federaciones que se inhiben por no tener valor a sancionar a ciertos deportistas que casualmente ocupan cargos públicos para partidos políticos...
Creo que va tocando una seria reflexión desde todos los estamentos sobre que deporte queremos tener en España, que pilares deben sustentarlo y sobretodo que debemos mejorar para una mejor imagen de nuestro país, GANAR TÍTULOS NO BASTA.
De entrada, tal y como reza la Constitución, debemos promocionar las actividades deportivas en los colegios, ya sea con clubes deportivos propios de los centros o a través de clubes externos que asuman esas actividades. Deporte para todos incluidas las personas con discapacidad.
Exigir a quienes trabajen con los equipos formativos ciertos requisitos tanto en formación deportiva como psico-pedagógicos que permita garantizar que los chicos y chicas no solo recibiran un buen entrenamiento sino que podrán adquirir valores sociales que les permita competir limpio, con respeto al rival...
Intolerancia cero con el dopaje y exigir a las Federaciones su control y sanción como corresponde a sus funciones pero tampoco se puede llegar al extremo de culpar a terceros por el dopaje de un deportista ya que nadie tiene el control de la vida de nadie, cada deportista debe de ser responsable de sus actos, y saber que puede y que no puede tomar asi como informar a sus médicos de su condición de deportista federado a la hora de recetar ciertos medicamentos.
Basta con tomarse en serio las cosas, no por ser Campeones del Mundo en muchas disciplinas vamos a ser perfectos, tenemos mucho que mejor y debemos hacerlo ya, aunque solo sea por nuestra propia imagen ante el mundo.
Ahora se pretende permitir la nacionalización "express" de deportistas para que puedan jugar con las selecciones españolas. Todo ello saltandose los plazos para el resto de ciudadanos que deberán esperar entre 2 a 5 años para obtener la nacionalidad española.
Merece la pena generar ciudadanos de primera y de segunda por un puñado de medallas cuando en muchos de los deportes somos punteros, las canteras estan funcionando en muchos casos donde somos campeones de Europa y del Mundo (Futbol, Baloncesto, Balonmano...) ya sea en chicos o chicas.
Con mis respetos a esos deportistas que desean vestir la camiseta de España...En muchos casos si no tienen el nivel para vestir la de su pais, tiene sentido que se hagan leyes a la carta para que vistan la nuestra frenando la progresión de otros.
Conste que mi crítica va hacia la modificación para beneficiar a determinados sectores, no con que extranjeros vistan la camiseta de España siempre que obtengan su nacionalidad de la misma forma que un cocinero, un ingeniero, etc.
Esto me lleva a considerar además que en España la política deportiva es lo mismo que un barco a la deriva, sin capitan ni rumbo -luego pretendemos organizar Juegos Olímpicos y Paralímpicos- donde se legisla al antojo de las élites deportivas, donde el dopaje se sanciona en función de quien sea el dopado, federaciones que se inhiben por no tener valor a sancionar a ciertos deportistas que casualmente ocupan cargos públicos para partidos políticos...
Creo que va tocando una seria reflexión desde todos los estamentos sobre que deporte queremos tener en España, que pilares deben sustentarlo y sobretodo que debemos mejorar para una mejor imagen de nuestro país, GANAR TÍTULOS NO BASTA.
De entrada, tal y como reza la Constitución, debemos promocionar las actividades deportivas en los colegios, ya sea con clubes deportivos propios de los centros o a través de clubes externos que asuman esas actividades. Deporte para todos incluidas las personas con discapacidad.
Exigir a quienes trabajen con los equipos formativos ciertos requisitos tanto en formación deportiva como psico-pedagógicos que permita garantizar que los chicos y chicas no solo recibiran un buen entrenamiento sino que podrán adquirir valores sociales que les permita competir limpio, con respeto al rival...
Intolerancia cero con el dopaje y exigir a las Federaciones su control y sanción como corresponde a sus funciones pero tampoco se puede llegar al extremo de culpar a terceros por el dopaje de un deportista ya que nadie tiene el control de la vida de nadie, cada deportista debe de ser responsable de sus actos, y saber que puede y que no puede tomar asi como informar a sus médicos de su condición de deportista federado a la hora de recetar ciertos medicamentos.
Basta con tomarse en serio las cosas, no por ser Campeones del Mundo en muchas disciplinas vamos a ser perfectos, tenemos mucho que mejor y debemos hacerlo ya, aunque solo sea por nuestra propia imagen ante el mundo.
martes, 1 de octubre de 2013
La discapacidad ante la crisis
Mucho se lleva hablando de los serior problemas que la situación económica actual esta causando en la sociedad española: desahucios, paro, precariedad laboral... Todos ellos importantes y sin duda merecedores de las horas de radio y televisión o las hojas de periodicos que se llevan cada día pero a mi me gustaría focalizar el tema en el colectivo de personas con discapacidad y es que es probablemente uno de los que menos espacio ha recibido en los medios.
Persona con discapacidad es aquella que por alguna razón tiene mermada su capacidad física, sensorial, intelectual,... Cada una por diversas causas y razones: nacimiento, enfermedad, accidente... pero todas con derechos y deberes ante la sociedad y las administraciones públicas.
Tratare de centrarme en tres grandes áreas: entorno familiar, entorno labora y sanidad. En el caso del primero sin duda que en la familia haya una persona con alguna discapacidad genera una situación de riesgo socioeconómico importante. Muchas discapacidades requieren atenciones especializadas que generalmente recaen sobre los propios familiares. Con el objeto de apoyar a las familias se potenció el sistema de protección familiar ya existente desde la LISMI de 1982 con la ley de 2003 y posteriormente con la Ley de dependencia.
Los constantes recortes del gobierno central y el autonómico han mermado la capacidad de las familias de atender a las personas con discapacidad, incluidas las personas mayores, provocando incluso serias dificultades a las familias tanto de indole económica como social o laboral. Muchas personas, mayoritariamente mujeres (es una función que aun hoy sigue recayendo sobre la mujer desgraciadamente) han tenido que dejar su empleo para atender a personas dependientes, en otros casos la perdida de empleo les ha llevado a asumir cargas que tenian derivadas en terceras personas. No solo con eso desde hace unos meses los cuidadores no cuentan con la protección social que la ley inicialmente les asignaba provocando una situación de indefensión no solo al cuidador sino al cuidado ya que la atención jamás sera la necesaria.
Afortunadamente no todas las personas con discapacidad son (somos) dependientes pero a la hora de buscarnos un futuro profesional y laboral nos encontramos con múltiples barreras que nadie se ha ocupado de eliminar, ni siquiera de paliar, dejando al colectivo abocado a la generación de guetos de empleo mediante los llamados Centros especiales de empleo como la via principal para lograr un puesto de trabajo. De nada sirve tener un formación brillante, o al menos una carrera universitaria, si al acceder al mercado laboral, donde es cierto que se ofertan empleos para personas con discapacidad, siempre se obvia mencionar que deben ser discapacidades leves o que a ojos del empleador no se perciban. Tambien nos encontramos con empresarios sin escrúpulos que abusan del sistema y mediante engaños tratan de beneficiarse de esas ayudas con flasas promesas que luego terminan con la persona frustrada y engañada.
No cabe duda de que el mercado laboral es exigente pero si no es posible competir en igualdad, debe haber alguien que regule para que se pueda llegar a esa igualdad, debe existir un control para que se cumplan los mínimos de contratación, para que el salario sea acorde al puesto desempeñado y para que la accesibilidad al puesto de trabajo sea la adecuada.
Por último, en la sanidad donde se han producido sangrantes recortes, las personas con alguna discapacidad nos encontrarmos con la dificultad de asumir en muchos casos tratamientos que son para siempre y costosos pero parece que a ojos de los que nos gobiernan los tenemos por gusto. De nada sirve invertir en I+D+I para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad si luego es imposible acceder a esos avances, por no hablar de la variabilidad de precios en función de que el tratamiento o la ayuda este o no subvencionada...
En resumen, debemos de empezar a considerar que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos y que ningún gobernante tiene derecho a mermar nuestra calidad de vida en razón de una crisis que ellos mismos han fomentado y que como nos muestran en los próximos presupuestos seguirán potenciando mediante el recorte en ayudas a la dependencia, protección familiar, etc pero mejorando las partidas para la financiación de partidos políticos, gastos financieros, etc.
Si España pretende ser un país pionero que valore a sus ciudadanos por encima de todas las cosas, y que lo haga en igualdad de condiciones para todos sin importar raza, creencia, condición social, discapacidad, etc.
Persona con discapacidad es aquella que por alguna razón tiene mermada su capacidad física, sensorial, intelectual,... Cada una por diversas causas y razones: nacimiento, enfermedad, accidente... pero todas con derechos y deberes ante la sociedad y las administraciones públicas.
Tratare de centrarme en tres grandes áreas: entorno familiar, entorno labora y sanidad. En el caso del primero sin duda que en la familia haya una persona con alguna discapacidad genera una situación de riesgo socioeconómico importante. Muchas discapacidades requieren atenciones especializadas que generalmente recaen sobre los propios familiares. Con el objeto de apoyar a las familias se potenció el sistema de protección familiar ya existente desde la LISMI de 1982 con la ley de 2003 y posteriormente con la Ley de dependencia.
Los constantes recortes del gobierno central y el autonómico han mermado la capacidad de las familias de atender a las personas con discapacidad, incluidas las personas mayores, provocando incluso serias dificultades a las familias tanto de indole económica como social o laboral. Muchas personas, mayoritariamente mujeres (es una función que aun hoy sigue recayendo sobre la mujer desgraciadamente) han tenido que dejar su empleo para atender a personas dependientes, en otros casos la perdida de empleo les ha llevado a asumir cargas que tenian derivadas en terceras personas. No solo con eso desde hace unos meses los cuidadores no cuentan con la protección social que la ley inicialmente les asignaba provocando una situación de indefensión no solo al cuidador sino al cuidado ya que la atención jamás sera la necesaria.
Afortunadamente no todas las personas con discapacidad son (somos) dependientes pero a la hora de buscarnos un futuro profesional y laboral nos encontramos con múltiples barreras que nadie se ha ocupado de eliminar, ni siquiera de paliar, dejando al colectivo abocado a la generación de guetos de empleo mediante los llamados Centros especiales de empleo como la via principal para lograr un puesto de trabajo. De nada sirve tener un formación brillante, o al menos una carrera universitaria, si al acceder al mercado laboral, donde es cierto que se ofertan empleos para personas con discapacidad, siempre se obvia mencionar que deben ser discapacidades leves o que a ojos del empleador no se perciban. Tambien nos encontramos con empresarios sin escrúpulos que abusan del sistema y mediante engaños tratan de beneficiarse de esas ayudas con flasas promesas que luego terminan con la persona frustrada y engañada.
No cabe duda de que el mercado laboral es exigente pero si no es posible competir en igualdad, debe haber alguien que regule para que se pueda llegar a esa igualdad, debe existir un control para que se cumplan los mínimos de contratación, para que el salario sea acorde al puesto desempeñado y para que la accesibilidad al puesto de trabajo sea la adecuada.
Por último, en la sanidad donde se han producido sangrantes recortes, las personas con alguna discapacidad nos encontrarmos con la dificultad de asumir en muchos casos tratamientos que son para siempre y costosos pero parece que a ojos de los que nos gobiernan los tenemos por gusto. De nada sirve invertir en I+D+I para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad si luego es imposible acceder a esos avances, por no hablar de la variabilidad de precios en función de que el tratamiento o la ayuda este o no subvencionada...
En resumen, debemos de empezar a considerar que una persona con discapacidad tiene los mismos derechos que el resto de ciudadanos y que ningún gobernante tiene derecho a mermar nuestra calidad de vida en razón de una crisis que ellos mismos han fomentado y que como nos muestran en los próximos presupuestos seguirán potenciando mediante el recorte en ayudas a la dependencia, protección familiar, etc pero mejorando las partidas para la financiación de partidos políticos, gastos financieros, etc.
Si España pretende ser un país pionero que valore a sus ciudadanos por encima de todas las cosas, y que lo haga en igualdad de condiciones para todos sin importar raza, creencia, condición social, discapacidad, etc.
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